La industria de la música en contra de la Ley Pinedo

La iniciativa, conocida como “Ley Pinedo”, busca liberar a plataformas como Google, Facebook y Twitter de controlar los contenidos subidos por sus usuarios, lo que permitiría la reproducción “pirata” de material. El proyecto ya tiene media sanción y busca su aprobación en Diputados.

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Debido a esto, CAPIF (la cámara que agrupa a los sellos discográficos argentinos) decidió emitir una solicitada en el diario La Nación para manifestar su postura en contra del proyecto. Además, la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones y el Centro de Administración de Derechos Reprográficos expresaron su preocupación.

La legislación es atribuida al senador oficialista Federico Pinedo. Sin embargo, el proyecto está firmado por la senadora Liliana Fellner (Frente para la Victoria). De esta manera, se unificaron los proyectos de ambos legisladores.

“De ser aprobado, causará un grave daño a los titulares de derechos de las actividades creativas, que se verán desprotegidos ante las violaciones que se produzcan de sus derechos. Los ISPs (Proveedores de Servicios de Internet) se liberarían de cualquier responsabilidad frente a la vulneración de derechos de creadores y titulares de derecho, siendo la única alternativa propuesta en el texto, el inicio de acciones de amparo con miras a que se dé de baja un determinado contenido”, expresó CAPIF en un comunicado.

El texto busca “garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, preservando los derechos al honor, a la intimidad y a la imagen de las personas, y cualquier otro derecho que resulte afectado”. A propósito, uno de los titulares de las cámaras editoriales reaccionó diciendo que “se acordaron del derecho de honor y se olvidan de los derechos de autor”.

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El colectivo “proveedores de servicios de Internet” al que se alude incluye a los que facilitan el acceso a los contenidos, la interconexión, transmisión, almacenamiento, publicación o comercio electrónico. En otra cláusula, se habilita a estos proveedores a “acordar libremente sistemas de autorregulación” que establezcan mecanismos alternativos de notificación, retiro, bloqueo, suspensión y/o inhabilitación de acceso a contenidos que violen sus términos y condiciones de uso.

Foto: Pixabay

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